Pedido de Juicio Político al Juez Federal de Mendoza Walter Bento, por el caso Cablevisión, presentado hoy y firmado por los Diputados Nacionales Patricia Bullrich (Unión Por Todos), Federico Pinedo, Jorge Triaca (PRO) y Eduardo Amadeo (Peronismo Federal).
27/12/2011
Señor presidente del
Consejo de la Magistratura de la
Nación Argentina
S / D.-
De nuestra consideración:
Los diputados de la nación abajo firmantes, constituyendo domicilio legal en Av. Rivadavia 1829, 2° piso, Ciudad de Buenos Aires, como mejor proceda decimos:
Venimos a solicitar se inicien los procedimientos para evaluar la procedencia de juicio político al juez federal de Mendoza Walter Ricardo Bento, con motivo de su desempeño irregular que ha quedado de manifiesto en una causa de gran repercusión pública, que es el expediente N° 39.350/4 caratulado “Supercanal S.A. c/Cablevisión S.A. y otros s/Amparo”.
Entendemos que el juicio político procede, ante una actuación en la que el señor juez ha usurpado competencias judiciales de otros fueros y competencias; ha desconocido decisiones administrativas vigentes que gozan de la presunción de legitimidad, basando su propio juicio en ese desconocimiento; ha vulnerado los procedimientos previstos por leyes federales (como la ley de defensa de la competencia) para su aplicación, invadiendo en relación con ello competencias administrativas y judiciales ajenas a la suya; ha decidido privar a una parte de sus derechos de manera evidente, sin siquiera oírla y sin sombra del derecho constitucional de defensa en juicio y debido proceso (art. 18 CN); ha generado o busca generar daños irreparables a un judiciable, bajo el camuflaje de una pretendida medida cautelar que no es tal, pues no cautela sino que elimina derechos; ha prejuzgado sobre el contenido de una litis, sin siquiera haber oído a una de las partes involucradas; ha dispuesto medidas contra una firma que no opera en su jurisdicción (Cablevisión), usando como argumento la supuesta existencia de actos de otra firma ajena a la primera (Artear) salvo –aparentemente- por algunos accionistas en común, vulnerando por este procedimiento la incompetencia territorial; y, por último pero no menos importante, dispuso medidas que eliminan el derecho de propiedad de una persona (art. 17 CN), generando perjuicios irreparables (como la división inmediata de una empresa), a sabiendas de que la forma de ejecución de la medida (en plazo instantáneo y en feria judicial) privaría a los titulares de la empresa de la posibilidad de solicitar y obtener protección judicial en otra instancia, lo que afecta los derechos garantizados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Patricia Bullrich (Unión Por Todos)
Federico Pinedo, Jorge Triaca (PRO)
Eduardo Amadeo (Peronismo Federal)
